El sistema de suministros hospitalarios a la sanidad pública no cumple el procedimiento de licitación y adjudicación que recoge expresamente la ley de contratación pública porque, sencillamente, no existe contrato. Así lo denuncia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en una sentencia que da la razón a la multinacional farmacéutica Pfizer que reclamaba 55.018 euros en concepto de intereses por el pago atrasado de varias facturas. La Sala le da la razón para que no haya enriquecimiento injustificado de la Generalitat, ya que no existe un contrato que pueda determinar a partir de qué fecha empiezan a contar los intereses.
La autoridad considera el modo de actuar del Hospital como "ilegal" y dice que los requisitos formales que senala la Ley son sencillo. La parte afectada asegura que en materia de sanidad pública la situación es subsanada por la costumbre.
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